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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) notificó al Registro de la Propiedad Inmueble que el departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra alojada Cristina Kirchner, fue embargado por orden judicial.
Esta medida se dispuso tras un segundo pedido de decomiso formulado por el Ministerio Público Fiscal. El Tribunal encargado de ejecutar la pena en el caso Vialidad ordenó el 12 de agosto nuevos embargos preventivos y cautelares sobre diversos bienes inmuebles y activos societarios vinculados a este expediente, en el que los condenados deben responder solidariamente por el decomiso judicial.
El objetivo es cubrir los 685.000 millones de pesos que representan el monto del fraude detectado a través de 51 licitaciones supuestamente direccionadas, con irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
Por pedido del fiscal Diego Luciani, el TOF 2 elaboró listas de inmuebles a embargar, en la segunda de las cuales figura el departamento de San José 1111. Allí, la ex presidenta cumple arresto domiciliario por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El inmueble está a nombre de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar Kirchner que también está siendo investigada por lavado de activos. De esa misma sociedad proceden los departamentos de Puerto Madero que alquilaba Cristóbal López y que ya fueron embargados por el tribunal.
Con la firma del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves se remitieron las órdenes a los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes para inscribir estos bienes bajo la condición de embargados.
Cabe aclarar que estos embargos no implican la subasta inmediata ni afectan la titularidad registral de los inmuebles por el momento, sino que garantizan su indisponibilidad jurídica mientras se completa el trámite del decomiso definitivo, con la participación de las partes involucradas.
El presidente del TOF 2, Rodríguez Giménez Uriburu, busca proteger el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para garantizar la recuperación de los 685.000 millones de pesos, por lo que dispuso medidas cautelares sobre varias propiedades.
En su segundo listado de bienes a decomisar, el fiscal Luciani identificó 141 inmuebles, entre los cuales se incluyen trece propiedades de Cristina Kirchner y 128 pertenecientes a sociedades vinculadas a Lázaro Báez, junto con 46 automotores.
Además, el Ministerio Público solicita como parte del decomiso 4.664.000 dólares provenientes de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una caja de ahorro en el Banco Galicia, y 53.280,24 pesos.
El TOF 2 aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto al primer grupo de inmuebles sobre los cuales se ordenó la ejecución patrimonial, previo a avanzar con esta segunda tanda.
El primer pedido de decomiso
El primer conjunto de 111 propiedades solicitado por el fiscal Luciani y aprobado por el TOF se encuentra en manos de la Corte Suprema. En noviembre pasado el tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de otros acusados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar solicitados por el Ministerio Público y ordenó su ejecución. Sin embargo, dado que la ex presidenta y uno de sus ex socios apelaron esa decisión, el máximo tribunal debe emitir el veredicto final.
Propiedades de los hijos de Cristina Kirchner
El avance sobre bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner se basa en que la sentencia condenatoria estableció que la maniobra defraudadora en obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.
Durante el período investigado, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las partes. La sentencia indica que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y desarrollaron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, personalmente y a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Por lo tanto, el tribunal determinó que el dinero obtenido ilícitamente “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. Según el TOF 2, todos los bienes que los nueve condenados adquirieron entre 2003 y 2015 pueden ser embargados.
La resolución subraya la necesidad de cautelar estos bienes en esta segunda etapa de decomiso. El artículo 23 de la ley permite alcanzar personas jurídicas o sociedades beneficiarias del producto del delito, y también activos o participaciones transferidas gratuitamente a terceros.
En relación con los paquetes accionarios, las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde 2017, cuando la justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas o acciones correspondientes a Cristina Kirchner, como heredera y cónyuge, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. Esa cesión no la exime de la ejecución patrimonial derivada de la condena.
Otros bienes embargados
Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, el TOF 2 ordenó embargar un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, así como otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo, propiedades que siempre fueron alquiladas por Cristó
